Pues bien, la señora Bárcenas no inventó nada: se limitó a describir lo que cotidianamente se constata, lo que fácilmente se documenta y lo que año tras año se confirma a la hora de armar la ley de ingresos y "distribuir" la carga fiscal entre los mexicanos, es decir, lo que puntualmente hicieron ayer los ágiles "representantes populares" avecindados en San Lázaro quienes, de la mano del inquilino de Los Pinos, ratificaron que, en efecto, México es un paraíso fiscal. Como cada octubre, con los dedos en la puerta y a toda prisa, la Comisión de Hacienda dictaminó la ley de ingresos para 2011, y más rápido aún la presentarían al pleno de la Cámara de Diputados para su aprobación, a escasas horas de vencer el plazo para tal efecto.
Son tan creativos los inquilinos de San Lázaro, que igual se comprometen a reducir la tasa del IVA o la del ISR, "porque es necesario cuidar el interés nacional y el bolsillo de la mayoría", que a mantenerlas sin modificación alguna, o de plano incrementarlas, por la misma causa, toda vez que "las condiciones cambiaron" (léase los gobernadores dieron línea y ya viene la campaña). En cambio, a la hora de revisar los abominables privilegios fiscales otorgados al gran capital o de cerrar las no pocas rutas legales para evadir y eludir el pago de impuestos (que han hecho del fisco un verdadero queso gruyere), se produce el milagro: automáticamente, todos los diputados quedan sordos, mudos, ciegos y paralíticos. Ni el más mínimo intento por erradicar dichas prácticas, por equilibrar la carga fiscal, por democratizar el pago de impuestos. Ni por aproximación.
A mediados de año, durante el seminario Igualdad y desarrollo en México, organizado por la Cepal y la UNAM, la señora Bárcenas advirtió que en materia impositiva existe "gran evasión y gran cantidad de exenciones que hacen que el país esté por debajo de los niveles de recaudación de la región", por lo que "es necesario comprometernos para un nuevo pacto social para aumentar la recaudación". Dicho pacto "debe procurar una estructura y una carga tributaria con mayor impacto redistributivo, uso eficiente, eficaz, transparente, sujeto a rendición de cuentas, y un Estado donde a través de la política pública se pueda garantizar un umbral de bienestar. Cuando digo que hay un paraíso fiscal de facto es porque México es un país que tributa muy poco. La carga tributaria no se eleva más allá de 11 por ciento, y por lo tanto es una carga tributaria todavía baja. En general, en la región es de 18 por ciento y México está por debajo del promedio. Por lo tanto, creemos que es importante revisar la estructura; debe haber un pacto entre todos los actores económicos, sociales y políticos para alcanzar un nivel de recaudación que sea el que se requiere para tener un Estado fuerte, que pueda otorgar los bienes públicos que la ciudadanía demanda; son vulnerabilidades estructurales que se tienen que vencer y resolver".
El diagnóstico de la secretaria ejecutiva de la Cepal es exacto, y describe una de las causas del permanente raquitismo de las finanzas públicas y, consecuentemente, de las de millones de mexicanos. Anualmente la Secretaría de Hacienda (léase el inquilino de Los Pinos en turno) presenta su presupuesto de gastos fiscales (quiénes y en qué proporción evadirán legalmente los impuestos en el periodo), y un poco más adelante su propuesta de ley de ingresos (a quiénes y en qué proporción pasarán fiscalmente a cuchillo), uno y otra siempre amenazadas por los merolicos de San Lázaro, pero nunca modificadas, porque "las condiciones cambiaron".
Un ejemplo ilustrativo del citado paraíso (documentado en este espacio en entregas anteriores): en la revisión de la Cuenta Pública 2005 (cuyo resultado se divulgó en 2007) la Auditoría Superior de la Federación detectó multimillonarias irregularidades en el otorgamiento de créditos fiscales por el gobierno foxista (cerca de 500 mil millones de pesos que no ingresaron a las arcas nacionales, producto de la enorme telaraña de amistades y complicidades entre "servidores públicos" de primer nivel y el gran capital). Enterado del asalto, el nuevo inquilino de Los Pinos ordenó "adoptar de inmediato las acciones necesarias para solventar" tan nefasta situación. La respuesta inmediata del gobierno federal, por medio de la Secretaría de Hacienda, fue publicar un acuerdo (JG-SAT-IE-3-2007) en el Diario Oficial de la Federación, para condonar "total o parcialmente" dichos créditos fiscales (casi medio billón de pesos), ergo, borrarlos de los pendientes.
¿Quiénes fueron los beneficiarios de la magnanimidad foxista y de la decidida acción calderonista, es decir, del otorgamiento y la cancelación de créditos fiscales? Sólo grandes contribuyentes. La ASF no dio nombres, pero en el registro entre otros aparecieron bancos trasnacionales, 11 ingenios azucareros, 14 consorcios de la construcción, dos televisoras, cuatro clubes de futbol, dos empresas de transporte, una empresa editorial y un partido político. La cereza de todo esto la aporta la propia Auditoría Superior de la Federación: "se detectaron contribuyentes con créditos fiscales en 2005 que obtuvieron devoluciones de impuestos por parte del SAT en el mismo año".
Entonces, no es difícil entender por qué todos los años la dupla gobierno-Congreso clava un puñal adicional a los contribuyentes cautivos; por qué aumenta y/o inventa impuestos; por qué exprime a los de siempre, con los resultados de siempre, y por qué no puede bajar la tasa del IVA. Porque los barones necesitan más cortesías.
Agárrense de donde puedan, mexicanos pasivos y pagadores, que ya viene la "actualización" (léase aumento) de los precios y tarifas del sector público, la que a su vez automáticamente provoca la "actualización" de los precios y tarifas del sector privado (el paquete no incluye "actualizaciones" salariales).
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