No hay plazo que no se cumpla y el de la medición de la inflación, está a punto de cumplirse.
Mañana, durante una ceremonia protocolaria se concretará la transferencia de los Índices de Precios del Banco de México, que encabeza Agustín Carstens, al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) que encabeza Eduardo Sojo.
Será un día histórico porque luego de 81 años de que Banxico mantuvo esa responsabilidad -desde 1929-, ahora lo transfiere al organismo autónomo especializado en estadística.
Presumiblemente, la transferencia de los índices de precios de Banxico al INEGI, permitirá una mayor transparencia.
Banco de México transferirá al INEGI la metodología y el cálculo de la inflación, como dispuso desde que se dotó de autonomía al organismo de estadística más importante de México. Del momento en que se decidió al momento en que se transferirá la medición y cálculo de la inflación, transcurrieron tres años, tiempo que se calculó como necesario para hacer el cambio.
Con este cambio se dará más transparencia a los datos y se les dotará de más confiabilidad, afirma el discurso oficial.
El INEGI toma el control de la generación de las principales estadísticas en el país, entre las que se encuentran la medición del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) y el Índice Nacional de Precios al Productor.
Para analistas especializados, la transferencia de Banxico a INEGI no será tan tersa como pudiera esperarse.
Y es que prácticamente desde que se hizo el anuncio hace tres años, el entonces gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz Martínez, le habría pedido a Eduardo Sojo que no se modifique la metodología para la medición de los índices.
Desde el INEGI, sin embargo, se han escuchado versiones extraoficiales en el sentido de que habrá de ampliarse la medición y que podrían difundirse otros indicadores sobre precios, en sectores rurales y urbanos, que a la fecha no se realizan.
Para los más mordaces críticos, la transferencia de la medición y cálculo de los índices inflacionarios podría convertirse en un instrumento político, en manos del gobierno panista. Para los analistas académicos, la constitución del INEGI registró un problema de origen: que tanto la designación del Presidente como los miembros de su Junta de Gobierno es potestad del Presidente de la República y difícilmente pueden ser cambiados por el Senado. El uso de la información económica puede ser utilizada como arma política, y así se ha visto en otros países.
El ejemplo más claro y reciente es el de Argentina, en donde se habría manipulado la información sobre la inflación para mejorar la imagen de Cristina Fernández de Kirchner y que finalmente le permitieron llegar a la Presidencia de su país.
Tal y como hoy se levanta y da a conocer la información sobre la inflación en México, es útil para el diseño de la política monetaria.
Hay que recordar que la política monetaria la establece el Banco de México y la aplica a través de las subastas de los Certificados de la Tesorería (Cetes) y de las tasas de interés.
Al Banco de México, su exgobernador Guillermo Ortiz Martínez le dio credibilidad y respeto a su autonomía. La credibilidad y confianza sobre la medición de la inflación tomó vuelo a partir de la gestión autónoma de un funcionario priísta: Guillermo Ortiz Martínez.
Incluso fue público el rechazo de Ortiz Martínez a la petición pública del presidente Felipe Calderón para que bajara las tasas de interés en el contexto de lo más crudo de la crisis financiera internacional reciente.
Ahora le toca a un panista, Eduardo Sojo, más allá de su marcada filiación blanquiazul, darle credibilidad a la autonomía del INEGI. Sojo tendrá que responder al interés nacional, antes que al interés partidista.
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de Juan Molinar Horcasitas, rechazó las acusaciones de Grupo Iusacell que acusa a la dependencia de haber ordenado la incomunicación, tortura, vejación, mutilación, infamia, marcas, azotes, palos, arraigo, así como tormentos de cualquier especie, que inflingirán a sus representantes. La denuncia de la operadora busca, dice SCT, obstaculizar la formal conclusión de la licitación 21.
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