sábado, 20 de noviembre de 2010
Transicion digital.
En el ámbito de las telecomunicaciones, como en otros espacios de la vida pública, parece imposible en México diseñar y poner en práctica políticas de Estado; acuerdos de largo aliento entre gobierno, partidos, empresas y organizaciones sociales, que permitan el avance del país en rubros específicos, independientemente del partido que gobierne. Los políticos sienten desconfianza mutua: si alguien está inoculado con el virus del sospechosismo son los miembros de la llamada clase política, que juzgan cualquier acto de sus pares como un intento de sacar ventaja o perjudicar al adversario. Dentro de esa lógica se lleva a cabo, en gran medida, la actividad política en México.
¿Pretensión electorera?
Por eso no sorprende que en el dictamen de Ley de Egresos de la Federación para 2011 se haya colocado, a iniciativa del PRI, un candado contra la pretensión gubernamental de gastar 500 millones de pesos para realizar el apagón analógico en televisión durante el periodo 2011-2015. Como se recuerda, Felipe Calderón emitió el 2 de septiembre de este año un decreto para efectuar el apagón en 2015 y no en 2021, como estaba originalmente planeado. Para acelerarlo determinó repartir en los telehogares con menores recursos económicos adaptadores de sintonía digital, con el fin de que las señales de este tipo puedan captarse en los receptores analógicos. La repartición comenzaría en 2011.
Como el PRI vio en el plan calderonista una pretensión electorera —repartir convertidores digitales a cambio de votos— interpuso una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia para frenar el decreto del 2 de septiembre. El caso está en estudio, pero en previsión de que el fallo pudiera ser favorable al Ejecutivo, la fracción priísta en la Cámara de Diputados introdujo en la Ley de Egresos correspondiente a 2011 un candado para que el gobierno se vea impedido de repartir convertidores de tv digital durante los periodos electorales del próximo año.
Millones congelados
Los 500 millones de pesos que el gobierno pretende gastar para repartir convertidores están incluidos en el Programa para el Desarrollo de la Industrias de Alta Tecnología, a cargo de la Secretaría de Economía, pero no podrán ser utilizados al menos durante el primer semestre de 2011 o incluso durante todo el año, dependiendo del tiempo que la Corte demore en emitir su fallo. El candado fue introducido en los artículos 13 y 14 transitorios de la Ley de Egresos:
“Artículo 13: No se podrá ejercer el monto autorizado en este decreto para el Programa para el Desarrollo de las Industrias de Alta Tecnología (Prodiat), en tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación emita resolución que cause estado sobre los juicios de Controversia Constitucional con números de expediente 73/2010 y 74/2010, iniciados durante el año 2010, relacionados con el proceso de transición de televisión analógica a televisión digital.
“Artículo 14: En el evento de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación emita resolución que cause estado sobre los juicios de Controversia Constitucional con números de expediente 73/2010 y 74/2010, iniciados durante el año 2010, relacionados con el proceso de transición de televisión analógica a televisión digital que implique la liberación de recursos condicionados en el artículo Décimo Tercero Transitorio del presente Decreto, se prohíbe el uso de recursos públicos para el subsidio total o parcial, o bien para el otorgamiento de apoyos económicos en cualquier modalidad, respecto de equipos electrónicos y/o electrodomésticos relacionados con dicho proceso de transición a televisión digital en las entidades federativas que estén en proceso electoral, conforme a las disposiciones aplicables, durante el ejercicio fiscal de 2011.”
¿Candado en 2012?
Motivos deben tener los políticos para desconfiar unos de los otros. Probablemente todos sus actos están dirigidos a sacar ventaja y perjudicar al oponente; por eso piensan que cualquier acción de sus homólogos tiene tal intención. En esas condiciones el establecimiento de proyectos políticos consensuados, de largo aliento, es muy difícil.
La única posibilidad para que el gobierno calderonista pueda poner en práctica durante 2011 su plan de repartir entre la población convertidores digitales o de apoyar económicamente la adquisición de estos, sería que la Suprema Corte emitiera en enero de 2011 su fallo con relación al decreto del 2 de septiembre, pero tendría que interrumpir rápidamente la distribución al iniciar las campañas electorales. Luego, en la segunda parte del año, podría, quizá, reanudarla.
Evidentemente, la sospecha de que el plan calderonista sobre la transición digital es electorero continuará. Y es previsible que el próximo noviembre, cuando se discuta como cada año en el Congreso el Presupuesto de Egresos para 2012, año en que se disputará la Presidencia de la República, el candado vuelva a ser colocado.
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