El frustrado Guillermo Fariñas.

"Depuse la protesta porque fui sometido a un chantaje en el buen sentido de la palabra de que muchos ex presos políticos que están muy mal de salud me comunicaron que se iban a plantar en huelga de hambre”, dijo el disidente por teléfono desde su casa en Santa Clara, 280 km al este de La Habana.
Poco antes de tomar esta decisión, el suicida frustrado le había asegurado a la agencia EFE que su nueva huelga de hambre y sed, la número 24, era "la oportunidad de demostrar que uno está dispuesto a morirse" para salvar la vida de otros disidentes.

Las huelgas de Fariñas forman parte de los programas subvencionados por el gobierno de Estados Unidos para crear, a través de sus mercenarios, una imagen de represión en la Isla cuyo último fin es provocar una intervención militarde Washington.

Según afirmó el delirante Fariñas a una entrevista para el libelo de la mafia anticubana en Miami El Nuevo Herald: "la actual escalada de violencia contra los opositores pacíficos puede desencadenar en una guerra civil en la isla".

Fariñas es el mismo mercenario que hace unos meses se quejaba en los medios de prensa internacionales de que las autoridades cubanas no lo golpeaban porque no querían que le concedieran el Premio Nobel de la Paz.

Detenido y sentenciado por actos violentos en dos ocasiones, la única violencia de que ha sido Fariñas víctima en Cuba, es la de las agujas de los sueros con que los médicos le han salvado la vida en 23 ocasiones.

La debacle.

El proyecto de Washington de someter a América Latina a su esquema de "seguridad nacional" –que es la vía para controlar los recursos estratégicos de la región– ha encontrado en el gobierno de Felipe Calderón un instrumento que, aunque torpe e ineficiente a su juicio, se muestra cada vez más dócil y entreguista hacian los intereses estadunidenses, como lo ha demostrado en la falsa “guerra contra el narco”, y en consecuencia la Casa Blanca está resignándose a respaldar cada vez más al panismo. Acción Nacional, asumiendo esta situación, busca a su vez usufructuar su entreguismo utilizando las múltiples complicidades establecidas con funcionarios estadunidenses para pretender enquistarse en 2012 en el poder.

1. El llamado delirante formulado por Calderón a sus colaboradores a impulsar en el último tercio del sexenio las contrarreformas neoliberales en materia laboral, energética y de seguridad que se reclaman desde Washington, y en el que insistió durante una larguísima reunión a la que convocó para ese efecto en el Centro Banamex el viernes 13 –durante la cual se asumió como un "churchilito" tropical–, no es por consiguiente más que otra demanda de apoyo, en la que incluyó también al PRI, para acelerar el desmantelamiento del Estado posrevolucionario, y entregar los últimos vestigios de la soberanía mexicana al capital trasnacional.

2. El discurso de la derecha mexicana no logra ya confundir a nadie, y cuando Calderón y los panistas hablan de "las reformas necesarias" a lo que están haciendo referencia es precisamente a la entrega por completo de México al control de Estados Unidos, dejando que las agencias estadunidenses se encarguen de "la seguridad interna del país", que las multinacionales se apoderen de los recursos energéticos de México –y en particular del petróleo– y que los derechos laborales de los trabajadores se cancelen por completo para que el territorio nacional se transforme en una vasta maquila para supuestamente competir con China, lo que les urge culminar en lo que resta del sexenio. De ahí la urgencia de Los Pinos por convocar a las cámaras federales a un nuevo "periodo extraordinario" de sesiones, y también las ya no tan veladas amenazas al PRI que Calderón formula diariamente.

3. El gobierno de facto de Calderón no tiene otra oferta que hacer a Washington que la de entregarle por completo el país, de ahí que reitere una y otra vez hacia el exterior los signos de su sumisión: intentando no sólo hacer aprobar al vapor la legislación fascistoide en materia de seguridad y las contrarreformas energética y laboral, sino multiplicando las acciones que dan argumentos a Washington para una intervención más directa en México, como acontece con las matanzas de migrantes y ahora los episodios sangrientos en la frontera sur y en Guatemala, que en lo sucesivo van a reproducirse de la manera más burda, o con declaraciones que avalan las tesis del Pentágono. El embajador mexicano en Estados Unidos, Arturo Sarukhán, haciendo ya suyo el discurso intervencionista de Washington, comparó hace dos días a los cárteles de México con organizaciones terroristas.

4. La violencia la van ahora a imponer las agencias estadunidenses en el sureste mexicano y los países centroamericanos –como se ve tras lo acontecido en Guatemala–, cuyos principales gobernantes actúan ya como cómplices de la llamada Iniciativa Mérida y estos últimos acontecimientos deben ser un motivo de alerta para todos.

5. Los continuos llamamientos de Felipe Calderón al PRI para que sus legisladores aprueben en las cámaras esas contrarreformas legales que liquidan la viabilidad histórica de México van, por lo mismo, cargadas insidiosamente de la acusación de que durante los años del priísmo se desarrollaron los cárteles y el modelo que los panistas llaman "populista", tratando de que Washington vete al futuro candidato presidencial del PRI de no aprobar este año el Institucional esos engendros seudolegales, lo que tiene a los priístas contra las cuerdas.

6. El modelo político que ha ido emergiendo en este sexenio para hacer de México un protectorado funcional a los intereses hegemónicos de Washington, diseñado de manera muy tosca por asesores extranjeros, es el de un Estado centralista con el argumento de que el federalismo propicia un desorden en materia de seguridad pública, como se reitera desde Los Pinos todos los días al acusar a los gobernadores del PRI (y del PRD) de falta de colaboración en "la guerra de Calderón". Así se hizo intervenir desde 2007 a las fuerzas armadas en estados y municipios, sin sustento legal alguno y en flagrante violación a la Constitución; así se legisló en 2010, contradiciendo muchas otras leyes, que el narcomenudeo –que es por esencia un delito federal– debería ser en lo sucesivo local, y de la misma manera se pretende ahora que la Procuraduría General de la República puede "evaluar" y descalificar a los gobiernos locales (en manos del PRI y del PRD, naturalmente) por no cumplir a juicio del señor Calderón y sus colaboradores con sus responsabilidades en materia de seguridad.

7. La evaluación que pretende hacer Felipe Calderón de los gobiernos estatales (y en especial, desde luego, de los del PRI y del PRD) en lo relativo a sus acciones en materia de seguridad y por su colaboración en su “guerra contra el narco”, que empezó a delinear en una conferencia de prensa Juan Miguel Alcántara Soria el martes 17, es contraria a los fundamentos federales de la Constitución mexicana y configura una nueva injerencia inadmisible del gobierno central en la vida interna de los estados de la Federación que transgredería gravemente el orden constitucional, por lo que sorprende que no se haya producido una reacción vigorosa a tamaño despropósito.

8. El régimen federal se sustenta en la coexistencia de dos órdenes jurídicos distintos en el país: a) el federal y b) el particular de cada uno de los estados de la Federación, cada uno con su propia jurisdicción, y en el caso de México los delitos contra la salud son responsabilidad del gobierno federal, exclusivamente a través de la PGR y no tiene por qué ésta tratar de responsabilizar a las autoridades locales de su ineptitud y venalidad. ¿Qué pasaría en Estados Unidos, por ejemplo, si el gobierno de Obama intentara evaluar, fiscalizar o regañar a las autoridades policiacas del estado de Nueva York?

9. En medio del desastre al que Calderón y los panistas han llevado al país, no deja de sorprender, sin embargo, el tono delirante con el que el gobernante espurio mexicano pretende estar cambiando a México, manifestado en la reunión del viernes 13, en la que en el subtexto de su discurso pretende haber ya logrado destruir por completo el orden constitucional vigente y cree haber impuesto en el país un supuesto "orden" neoliberal, que nadie ha definido, y que él hace suyo como disciplinado empleado de las multinacionales.

10. La demencia de la derecha mexicana en su obsesión, primero por alcanzar y ahora por mantenerse en el poder, la ha conducido a destruir las instituciones de la República, a entregar el control de espacios estratégicos del país a agencias extranjeras, a llevar a los mexicanos al peor desastre social y económico de su historia, a hundir a todo México en un baño de sangre sin sentido que ha desquiciado la vida de un pueblo vejado y empobrecido como nunca, que por eso ahora le grita en todos los tonos a Felipe Calderón y a su equipo de ineptos y entreguistas que: "¡Ya basta!".

Pemex desvalijado.

Vergonzante, como siempre, el inquilino de Los Pinos intentó "desmentir" el anuncio por él mismo divulgado en Nueva York, en el sentido de que pugnará por la "modernización" (léase privatización) de Petróleos Mexicanos, a través de la "venta de acciones" de la aún paraestatal. Desde luego que a nadie convenció el método Rubén Aguilar (“lo que realmente quise decir…”) por él utilizado, pero en su obsesión por deshacerse de la única empresa estatal que la muy neoliberal venta de garaje no ha podido vender (y no precisamente por falta de ganas ni de compradores) en 30 años, el susodicho repite la cantaleta de que "no hay recursos" públicos para atender los requerimientos de Pemex.

Como es muy molesto, y electoralmente peligroso, proponer reformas a la ley fiscal para que los grandes corporativos paguen los impuestos que deberían cubrir y así darle un respiro a las finanzas de la exprimida paraestatal, entonces al inquilino de Los Pinos se le hace más fácil intentar modificar la legislación en materia petrolera, con el único objetivo de abrir las puertas, de par en par, al capital privado en este sector estratégico, y así, según él, obtener los recursos necesarios "para atender las carencias sociales".

Lo mismo pretextaron sus cuatro antecesores en la gerencia de la venta de garaje, y pasaron a cuchillo a más de mil empresas del Estado, junto con sus trabajadores. Los amigos del régimen se quedaron con ellas; muchos las llevaron a la quiebra, y las que no, terminaron extranjerizadas. ¿Y las carencias sociales? Bien, gracias. Ahora Calderón repite el estribillo, de tal suerte que se puede visualizar el futuro petrolero, en caso de lograr su objetivo. Pero, ¿en serio Pemex no genera recursos? ¿Realmente el negocio petrolero ya no es tan rentable como antes, como aseguran algunos funcionarios del gabinetazo?

De entrada, con cifras oficiales, la respuesta en totalmente negativa, pues en sus cuatro años de estancia en Los Pinos el gobierno de Felipe Calderón obtuvo rendimientos petroleros 85 por ciento superiores (2.4.billones de pesos, antes de impuestos, derechos y aprovechamientos, de acuerdo con la estadística de Pemex) a los registrados durante ese mismo lapso, pero de la administración foxista (1.3 billones), cuando tal ingreso fue calificado de histórico. En el primer cuatrienio calderonista, los ingresos petroleros totales sumaron 4.77 billones, contra 2.33 billones en tiempos de Fox, para igual periodo.

Por las cifras anotadas, todo indica que Petróleos Mexicanos sí genera rendimientos (utilidades, en el caso de una empresa privada). Sin embargo, llega el gobierno federal, por medio de la Secretaría de Hacienda, y se queda con toda la ganancia, más su pilón. En cuatro años, el gobierno calderonista se quedó íntegramente con los 2.4 billones de pesos de rendimiento, y exigió más (alrededor de 250 mil millones, que la paraestatal entregó, luego de endeudarse). En un cuatrienio, pues, de Pemex salieron 2.65 billones de pesos para alimentar al fisco (en igual lapso, por los regímenes fiscales especiales el erario dejó de percibir más de 2 billones de pesos, sin considerar la otra evasión).

El gobierno foxista hizo exactamente lo mismo: obtuvo 1.3 billones de pesos por rendimientos petroleros, pero a la hora de cobrar impuestos, derechos, aprovechamientos y pilón se quedó con 1.4 billones de pesos. Ninguna empresa en el mundo, pública o privada, aguanta ese ritmo, mucho menos si para pagar el "pilón" recurre a deuda. Obvio es que a ese ritmo tarde que temprano tronará, pero Calderón, como sus cuatro antecesores, intenta justificar la privatización con la cantaleta de que "no hay recursos", lo cual, como se registra, es falso.

Por el otro lado, el negocio petrolero mexicano "ya no es tan rentable como antes", según coro oficial y oficioso. De nueva cuenta la estadística de Pemex desmiente tajantemente tal señalamiento: el rendimiento petrolero de la paraestatal es abundante, con respecto a los ingresos totales. En la última década, en promedio, por cada peso de ingreso se obtiene un rendimiento de 49 centavos, antes de que llegue Hacienda y se quede con todo, más el pilón. La tasa de ganancia, pues, ha sido de 49 por ciento en el periodo, y no muchos negocios la garantizan.

A pesar de lo anterior, la propaganda calderonista insiste en que año tras año Petróleos Mexicanos "registra pérdidas muy fuertes". Como se constata, no hay tal: las ganancias de la paraestatal son sustantivas, pero no tanto como para soportar la depredación fiscal. Por si fuera poco, está el pilón, que en 2009, por ejemplo, representó una cantidad adicional cercana a 18 por ciento del rendimiento. ¿Quién aguanta el paso? Los mal pensados suponen que la descrita es una política deliberada para matar a Pemex por inanición financiera y, así, justificar la privatización. ¿Será? (no, cómo creen).

Mientras el saqueo a Pemex es brutal, permanecen intocados los privilegios fiscales a los grandes consorcios (con crecientes utilidades). Nadie (en el Ejecutivo y el Legislativo) se atreve a tocar a los barones (correrían riesgos financieros a la hora de las campañas políticas). Si se trata de cobrar impuestos o inventar otros, la carga es para los mexicanos de a pie. Entonces, la empresa del Estado financieramente desvanece por la depredación, pero los obsesionados depredadores ni con el pétalo de una rosa se animan a tocar al gran capital.

En el transcurso del calderonato, el erario ha dejado de percibir, por los regímenes tributarios especiales, la friolera de 2 billones 500 mil millones de pesos. Otros 2.75 billones dejaron de visitar las arcas nacionales en el sexenio foxista. Esto no se toca, que para eso están los bienes de la nación y las empresas del Estado. Entonces, ¿no hay recursos?

Por cierto:

Si de buenas nuevas se trata, allí está la relativa a que, libre de impuestos, el 0.18 por ciento de la población total del país posee inversiones por un monto similar a 42 por ciento de la riqueza que produce México en un año. Es el reducido universo de participantes (204 mil 472, con más de 6 billones de pesos) en el mercado accionario local, que en el último año incrementaron el valor de su riqueza, en momentos en que, según mediciones internacionales, la desigualdad en el ingreso se acrecentó en el país (La Jornada, Roberto González Amador). Qué tal; el fisco ni de lejos pasa por allí, pero a Pemex le impide respirar.

¡¡¡Que se vayan todos!!!.

Los analistas y medios de comunicación de siempre empiezan ya a edulcorar y unificar el mensaje de la marcha multitudinaria del próximo domingo 8 de mayo en solidaridad con Javier Sicilia. Con el fin de reducir los daños para Felipe Calderón y su gobierno, las imágenes y reportajes que desde ahora se preparan resaltarán las expresiones de rechazo a los criminales y la corresponsabilidad de la sociedad. El repudio directo al gobierno y su fallida estrategia bélica recibirán un trato marginal, y se buscará relacionar estas expresiones con oscuros "intereses políticos" o simplemente descalificarlos como "grupúsculos de resentidos sociales". El objetivo será construir una escenografía para que Calderón salga al día siguiente a "reconocer la gran importancia" de la manifestación y por enésima vez se comprometa a "trabajar con la sociedad" en la búsqueda de soluciones a la violencia.

El peligro es que se redite la historia de hace tres años en que, a raíz del secuestro y asesinato de Fernando Martí, se firmó en Palacio Nacional el famoso Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad que, más allá de haber sido anunciado con bombo y platillo, ha sido completamente inútil e inservible. Desde la firma del acuerdo por todos los gobernadores y secretarios de Estado, así como figuras tan desacreditadas como Elba Esther Gordillo y Carlos Romero Deschamps, la situación de inseguridad solamente ha empeorado.

La sociedad está cansada de "pactos" vacíos y expresiones estériles de "buena voluntad" de los gobernantes. Habría que superar la etapa de exigencias generales para elevar de manera directa los costos de aquellos gobernantes que no cumplen con su deber. Los políticos y altos funcionarios solamente cambiarán su comportamiento si empiezan a ver que la sociedad puede castigarlos.

Para que la marcha del domingo tenga un impacto real y un efecto detonador expansivo, los que participaremos en ella estamos obligados a utilizar todos los medios a nuestro alcance para dejar en claro que nuestro reclamo principal es hacia el total fracaso de la clase gobernante, y de Calderón en particular, para asegurar condiciones básicas de paz y seguridad. Un "¡ya basta!" a los criminales no serviría absolutamente de nada, ya que los delincuentes no tienen ninguna obligación con nosotros, a diferencia de nuestros gobernantes y representantes, que en teoría están a nuestro servicio.

Asimismo, no podemos ser tan ingenuos como para simplemente exigir a las autoridades que ahora sí cumplan con su deber, sino que habría que exigir la inmediata destitución de todos los altos mandos involucrados en esta guerra criminal tanto a escala federal como en los gobiernos estatales, empezando, por supuesto, con Genaro García Luna, Guillermo Galván y el propio Calderón. Estos funcionarios han estado ya bastante tiempo en el gobierno y han demostrado que son incapaces de asegurar la paz social.

Es hora de que se vayan a casa. Esperemos que este domingo, junto con la poderosa consigna "No + sangre!", también se multiplique aquella consigna histórica del pueblo argentino para repudiar al conjunto de su clase política: "¡Que se vayan todos!"

Pero, más allá de exigir la renuncia inmediata de los funcionarios responsables, también habría que iniciar procedimientos de juicio formal contra los responsables de esta sangrienta historia. De otra forma, solamente reproduciríamos el sistema simulado de "rendición de cuentas" típico del régimen del partido de Estado en que, ante una crisis o tragedia nacional, algún alto funcionario ofrecía su cabeza para apaciguar el reclamo social.

Habría que iniciar desde ya una diversidad de juicios en tribunales nacionales e internacionales contra Calderón, García Luna, Galván y otros funcionarios por su responsabilidad directa en la muerte de casi 40 mil ciudadanos inocentes durante los últimos cuatro años. Existen casos particularmente evidentes de ejecuciones extrajudiciales cometidas por la fuerza pública, como el de los estudiantes del Tecnológico de Monterrey y el de los hermanos Martín y Bryan Almanza, en Tamaulipas. Pero, estrictamente hablando, cada uno de los 40 mil muertos es inocente, hasta que un tribunal demuestre lo contrario, y en todo caso a ningún criminal se le puede aplicar la pena de muerte, dado que esta figura está explícitamente prohibida por el artículo 22 de la Constitución.

Probablemente es cierto que un gran porcentaje de las personas materialmente responsables por los asesinatos tengan alguna vinculación con el narcotráfico, aunque sin duda el número de 90 por ciento manejado por Calderón es una exageración. Sin embargo, también es cierto que una enorme cantidad de los sicarios, probablemente más de 90 por ciento, también tiene algún vínculo con las autoridades gubernamentales. Si no se persigue esta complicidad hasta los más altos niveles, la lucha por la seguridad pública estará condenada para siempre al fracaso.

La articulación de un claro mensaje de repudio hacia Calderón y de exigencia de rendición de cuentas a la clase política en general no emerge de odios personales hacia el Presidente o de algún "resentimiento" político, sino de la ineludible necesidad de dar un ejemplo simbólico de que por fin existe la posibilidad de acabar con la impunidad que impera en el país. Hace falta instaurar un parteaguas histórico, un antes y un después, para que se inicie desde ya la construcción de una nueva república. Así ha ocurrido recientemente en numerosos países del mundo, y de manera destacada en Medio Oriente y Sudamérica, que, como México, también tienen instituciones públicas corruptas e ineficaces. ¿Por qué México tendría que ser la excepción?.

¿Partida secreta para seguridad?.

No se sabe si de la manga se sacó la cifra por él publicitada para impresionar a su auditorio, si lo dijo como parte de sus ya clásicos "resbalones", o si de plano tácitamente reconoció oscuros manejos presupuestales del gobierno calderonista (lo que violaría la ley respectiva), pero el hecho es que el secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, fue a decir a Washington que en México "el gasto en seguridad consume cada año recursos públicos por 200 mil millones de pesos", monto totalmente apartado del registro estadístico oficial y muy lejano de lo autorizado por el Congreso. De ser correcta la versión el funcionario, en cinco años (2011 incluido) el gobierno federal habría erogado un billón de pesos para atender el concepto referido, sin que los resultados lo justifiquen.

Eso fue lo que dijo el Cordero del señor en una conferencia de prensa celebrada en la capital estadunidense el pasado sábado, en el marco de la reunión de primavera del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, puntualmente reportada por el enviado de La Jornada, Roberto González Amador, quien en su nota detalla que "la cifra aportada por el secretario de Hacienda comprende las diferentes instancias de procuración e impartición de justicia".

Ernesto Cordero tiene que detallar de qué se trata, de dónde salió ese mar de recursos públicos para "la seguridad", porque el presupuesto aprobado por el Congreso da cuenta de que para el periodo 2007-2011 se autorizaron alrededor de 485 mil millones de pesos para dicho concepto (Sedena, Semar, SSPF, PGR), monto 106 por ciento superior al establecido en la ley respectiva. Si en sus cuentas el secretario de Hacienda incluyó "las diferentes instancias de procuración e impartición de justicia", entonces habría que adicionar 175 mil millones al Poder Judicial (incluido el Tribunal Electoral, que nada tiene que ver con la seguridad pública, aunque sí con otro tipo de "seguridad") y alrededor de 35 mil millones por aportaciones federales a los estados para "orden, seguridad y justicia".

Así, sumados todos los conceptos referidos por Cordero, el monto acumulado en el periodo 2007-2011 ascendería a 695 mil millones de pesos ("básicamente son recursos públicos, impuestos de la sociedad; la ayuda internacional que se recibe es más bien asistencia técnica y tecnológica", según explicó). ¿De dónde salieron, o se desviaron, los 305 mil millones restantes? (siempre con base en el billón reconocido por el Secretario de Hacienda). La diferencia no es cualquier cosa, pues, por ejemplo, equivale a prácticamente todo el presupuesto acumulado en igual periodo por la Secretaría de Desarrollo Social. Entonces, con la presunción, el "resbalón" o el tácito reconocimiento de Cordero en Washington, ¿el gobierno calderonista asume que hay partidas secretas para seguridad, o desviación de recursos presupuestales para tal fin?

Mientras Ernesto Cordero hace sumas y encuentra pretextos, la Cámara de Diputados nos ilustra sobre el presupuesto federal para seguridad pública. Tiene dos componentes: el primero es el que ejerce el gobierno federal por medio de cuatro ramos administrativos: Procuraduría General de la República, Secretaría de Marina, Secretaría de Defensa Nacional y Secretaría de Seguridad Pública. El segundo corresponde a los recursos que el gobierno federal asigna de manera etiquetada a las entidades federativas, a través del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP), perteneciente al Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, para apoyar las tareas que dichos niveles de gobierno realizan en materia de seguridad pública.

El monto de los recursos asignados al Programa de Seguridad Pública se incrementó sustancialmente en los últimos años, al pasar de 13 mil 283. 4 millones de pesos en 2001 a 43 mil 906.4 millones en 2010, por lo que en términos reales prácticamente se duplicó. Dentro de este presupuesto creciente, el ramo que más recursos ha concentrado es el de la SSP, cuyo monto asignado pasó de 5 mil 115.4 millones en 2001, a 32 mil 437.8 millones en 2010, de tal forma que su participación relativa en el presupuesto total del Programa de Seguridad Pública pasó de 38.5 por ciento a 73.9 por ciento en el periodo de referencia. El segundo rubro que mayores recursos concentra es el FASP. Sin embargo, si bien su presupuesto ha crecido en términos nominales, si se descuenta el efecto de la inflación resulta que la tasa real de crecimiento media anual de dichos recursos en los últimos nueve años ha sido negativa en 4 puntos porcentuales, por lo que su participación relativa disminuyó de 43.6 por ciento en 2001 a 15.8 por ciento de 2010.

Por lo que se refiere a los demás ramos (SM, Sedena y PGR), sus presupuestos también han registrado crecimientos nominales, pero sólo en el caso de la Sedena dicho crecimiento ha estado por arriba de la inflación, observando una tasa de crecimiento promedio anual real de 8.2 por ciento. En conjunto, la participación relativa de estos tres ramos en el presupuesto total del Programa de Seguridad Pública ha disminuido casi de manera sistemática, al pasar de 10.4 por ciento en 2001 a 19.1 por ciento en 2010.

Ajale.....

Nadie tiene dudas sobre los "cariños" de Los Pinos, pero por si las hubiera la consultora Mediatelecom, especializada en el tema, comenta que la supermulta a Telcel (casi 12 mil millones de pesos) "es confesión pública de una directriz gubernamental para afectar a determinados operadores". Considera que Eduardo Pérez Motta, presidente de la Comisión Federal de Competencia (el organismo que aplicó la sanción) "es designado directamente por el presidente de la República. Su voto de calidad es personal, pero sobre todo en representación de Ejecutivo. El gobierno debiera ser árbitro, garante, mediador, promotor de políticas de Estado, pero jamás generador de conflictos, como actualmente está ocurriendo". Este personaje "ha venido sosteniendo un discurso sofístico, populista y mediático, que apela siempre a la ley y a la competencia, pero que la realidad fácilmente lo desmiente; habla mucho, pero actúa poco, y cuando toma una decisión (que es en representación del Ejecutivo), lo ha hecho a favor de ciertos operadores, particularmente de Televisa. Pérez Motta no cuenta con el consenso del pleno de la CFC porque se ha desviado de la sana distancia de los actores involucrados. Además, como ya es una tradición en México cuando se trata de cometer albazos y ocultar las malas acciones de la autoridad, la resolución de la CFC ocurre previa a la Semana Santa y el organismo no ha dado a conocer la resolución, a pesar de ya haberla notificado a Telcel". ¡Zas!.

EE.UU.: Paraiso para terroristas.

La absolución que le dio el sistema de justicia de Estados Unidos a Luis Posada Carriles, cierra el círculo de hasta dónde es capaz de llegar Washington para proteger a sus terroristas.

Esa noticia aunque previsible, indigna y mucho. ¿Qué más podía esperarse de la administración estadounidense -sea republicana o demócrata-, si jamás hicieron algo serio por sentar en el banquillo como acusado al autor de tantos crímenes?


Lo del viernes 8 de abril fue el final de una farsa, que comenzó desde mayo del 2005 cuando Posada Carriles entró de manera ilegal a territorio estadounidense a bordo de la embarcación Santrina.


Ahora, en el tribunal de El Paso, Texas, se consumó a pie juntillas el guión preestablecido. Un jurado compuesto por siete mujeres y cinco hombres, emitió un veredicto inapelable en tres horas de deliberaciones.


Las 13 semanas de juicio quedaban resumidas en el mismo momento que la jueza Kathleen Cardone recibió la notificación del jurado, anunciándole que habían llegado a una conclusión unánime: la exoneración de los 11 cargos que le impusieron como mentiroso a Posada.


"Not guilty" (no culpable) se escuchó en la sala del tribunal y aquello debió sonar como una afrenta a los valores de justicia que se precia en defender la potencia norteña.


Las dilaciones y maniobras de esta parodia judicial solo sirvieron para desviar la atención y ganar tiempo, pues quedó al descubierto que desde un principio a Luis Posada Carrilles se le trató de allanar el camino hacia la impunidad.


Con una administración republicana fue indultado Orlando Bosch, coautor junto a Posada del atentado a un avión civil cubano que cobró la vida de 73 personas en las costas de Barbados, en 1976.


Actualmente Bosch reside en Miami, gracias a ese perdón presidencial concedido el 20 de julio de 1990 por el mandatario George Bush, quien le proporcionó además, un permiso para ejercer su profesión de médico pediatra.


Hoy una administración demócrata, la de Barack Obama, permite que un individuo calificado como altamente peligroso, al que se le prohíbe viajar en vuelos comerciales de Estados Unidos, buscado por INTERPOL y prófugo de una cárcel venezolana desde 1985…, vaya a casa y siga "durmiendo como un bebé", como él mismo ha repetido.


Todavía a Posada, quien afirmó que la CIA "nos enseñó de todo", desde cometer asesinatos hasta preparar explosivos y bombas, le quedan pendientes los 73 cargos de homicidio calificado en Caracas por la voladura del avión de Cubana, hecho del que se cumplirán tres décadas y media en el venidero octubre.


Pero ¿será Washington capaz de entablar a partir de este minuto un nuevo proceso contra Posada Carriles por terrorismo? ¿Accederá al pedido de extradición de Venezuela, como reza en sus continuas solicitudes desde hace más de un lustro? Jurídicamente la Casa Blanca está obligada a hacerlo.


Ello se sustenta en los convenios internacionales de los que Estados Unidos es parte y por la resolución 1373 (2001) del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas, que el propio gobierno estadounidense promovió.


Sin embargo, ante lo que acaba de ocurrir, con un tribunal que desoyó los múltiples argumentos presentados acerca del currículo terrorista de Posada Carriles y que solo se limitó a dirimir en cuanto a cuestiones menores de fraude migratorio.


Ante las pruebas aportadas por su participación, entre otros, en la cadena de atentados perpetrados en 1997 en La Habana para afectar la industria del turismo nacional, que terminaron con la muerte de un joven italiano, es muy difícil pensar que Estados Unidos levante un dedo contra Posada Carriles.


Coincidentemente, el 12 de abril de 1997 -este martes se cumplen 14 años-, detonó el primer artefacto explosivo en el Hotel Melía Cohíba de la capital, con el que dio inicio la serie de sucesos, ejecutados por mercenarios centroamericanos bajo las órdenes de ese asesino internacional.


Eso sí, su absolución constituye la más escandalosa evidencia del doble rasero que practica la Casa Blanca en su autoproclamada lucha antiterrorista.


Vale recordar que en junio de 1998 expertos del Buró Federal de Investigaciones (FBI) viajaron a La


Habana, donde recibieron -como expresión del espíritu de intercambio y cooperación de las autoridades antillanas en este campo- un amplio expediente sobre las acciones de la red terrorista dirigida por Posada Carriles en Centroamérica.


Los documentos incluyeron 64 folios que contienen 31 acciones y planes criminales cometidos contra la nación caribeña entre 1990 y 1998, y 51 carpetas con reportes sobre la financiación de la Fundación Nacional Cubano Americana (FNCA) para ejecutarlos.


También se entregaron grabaciones de 14 conversaciones telefónicas de Posada Carriles que revelaban detalles respeto a posibles ataques en la Isla. Además, los datos de su ubicación referidos a direcciones de residencias y lugares que frecuentaba en Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá y República Dominicana.


La documentación recogía igualmente, 40 fichas de cubanos emigrados residentes en el sur de Florida con presuntos vínculos a actividades violentas.


Washington no solo desconoció tantas pruebas, sino que meses después, en septiembre de 1998, arrestó a Gerardo Hernández, Ramón Labañino, Antonio Guerrero, Fernando González y René González por alertar sobre los complots y atentados que con total libertinaje se urdían en Miami.


Es insultante cómo los cinco cumplen una condena colectiva de 99 años más dos cadenas perpetuas, y han recibido en casi 13 años de encierro todo tipo de trato inhumano y degradante, desde el confinamiento solitario hasta la limitación de las visitas familiares, mientras Posada acaba de ser exonerado de culpas.


El reclamo de libertad a favor de los Cinco, como los identifican internacionalmente, proviene de cientos de naciones del mundo, de parlamentos enteros y 11 Premios Nobel, el más reciente del ex presidente estadounidense James Carter.


Carter, Premio Nobel de la Paz 2002, afirmó durante su visita a La Habana a finales de marzo que el arresto de los cinco cubanos no tiene sentido y que es hora ya de que puedan regresar a sus casas.


Hace poco Posada Carriles apareció ante las cámaras de la TV miamense con pose arrogante al expresar que en su "lucha" contra Cuba "ya ganamos, no hemos cobrado todavía".


Ese mismo Posada se abrazaba el viernes a sus tres abogados, que estallaron en júbilo en la sala del tribunal, y dijo estar "sumamente agradecido con los Estados Unidos de Norteamérica, con la atención, con la justicia que me ha juzgado, con el jurado que encontró la absolución".


Tales palabras, lejos de ser un elogio deben resultar ofensivas hacia un sistema de justicia que deja, una vez más, mucho de qué hablar.


Es la consumación del doble discurso de Washington, que osa también condenar a otros al emitir cada año espurias listas sobre supuestas naciones patrocinadoras del terrorismo.


De forma paradójica, Cuba está en semejante relación cuando ha sido blanco de sabotajes financiados y preparados en territorio del vecino país por más de cinco décadas.


No obstante, los hijos sin padre, las viudas, las madres que lloran debido a la estela de muerte dejada por El Bambi, el comisario Basilio de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP) de Venezuela, tienen la certeza de que la verdadera justicia está por venir y continuarán, sin descanso, reclamándola.

La bestia repugnante y farsante de "chemita" Aznar, un imbecil de siete suelas.